Más de 2000 trabajadores y pobladores de las comunidades circunvecinas a la explotación petrolera de Ecopetrol de la vereda de Apiay marchan hacia el centro de la capital metense rechazando el decreto 0722 del 15 de abril sancionado por el ministerio del Trabajo y que va en contra de los derechos de los trabajadores promoviendo la tercerización laboral.
La corte constitucional reforzando lo ordenado por la
OIT a través de diferentes sentencias declara inexequible la tercerización e intermediación laboral. El decreto
busca legalizar la práctica de la tercerización laboral a través de la creación
de bolsas de empleo e intermediarios a la hora de contratar trabajadores.
La jurisprudencia internacional dicta que en el
contrato laboral, para que exista un trabajo, debe existir el empleado y el
empleador como únicas dos partes, sin la participación de ningún tipo de
intermediario que contrate la mano de obra del empleado para el empleador.
Las comunidades afiliadas a la Asociación de
trabajadores del Área Circunvecina de Apiay -ARCA- rechazan el decreto del ministerio que obligaría a ARCA y a toda
asociación comunitaria con este carácter, a que se conforme como una agencia de
ocupación laboral o una bolsa de empleo, terminando con la esencia de la
asociación en términos laborales y desconociendo las múltiples exigencias
sociales y denuncias ambientales que ha realizado por la contaminación de 6
ríos por parte de Ecopetrol, en el sector de Pompeya.
Desde hace dos años ARCA junto con el gobierno
departamental y municipal dieron paso a la creación de la Mesa Municipal de Empleo que realiza la intervención a los
contratos laborales, bienes y servicios, seguridad social y políticas
ambientales para las comunidades de las áreas de influencia. Dicha mesa
municipal de empleo es desconocida y anulada por el decreto 0722.
El gerente de ARCA Daniel Piedrahita hace un llamado
para que Ecopetrol y sus contratistas cumplan los compromisos y acuerdos realizados. “Queremos llamar al
gobierno nacional y al ministerio del trabajo, para que retire el decreto 0722
y sea consecuente con su postura en contra de la tercerización laboral.
Llamamos al senado de la República en procura de salvaguardar el derecho
laboral para que derogue este decreto y tache de inconstitucional cualquier intento
de legislación sobre el tema”.
Las comunidades manifiestan que utilizarán mecanismos
de derecho y acciones de hecho, siempre
y cuando persistan plataformas intermediarias de tercerización laboral,
haciendo valer su autonomía y el respeto de sus derechos.
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