El paro agrario en Colombia es una voz organizada frente a la negación continua e histórica de los derechos de los campesinos, los sectores sociales y los gremios productivos que no viven de la especulación financiera y la explotación laboral. Es una acción política que busca garantizar una solución real y eficaz a las necesidades fundamentales para la vida digna.
Sin embargo el Gobierno se niega en aceptar La Mesa
nacional agropecuaria y popular de interlocución y acuerdo. Y tras 7 días de
paro han sido asesinados 3 campesinos en el Departamento de Boyacá, otros
cientos fueron detenidos de forma arbitraria (varios de ellos fueron
judicializados con pruebas falsas). Se han presentado casos de violencia sexual
contra jóvenes, violaciones al Derecho internacional Humanitario, y otras
graves violaciones a los derechos humanos. Todo bajo la responsabilidad de la
Fuerza Pública, el Gobierno y sus ministros.
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos ha denunciado estas graves violaciones y ha encabezado una misión
humanitaria que se encuentra en el Departamento de Boyacá, uno de lo más
violentados, y ha podido documentar que la fuerza pública es responsable
directa, incluyendo el asesinato de una persona el 19 de agosto, de:
“La ocurrencia de violaciones sistemáticas,
generalizadas e indiscriminadas a los derechos humanos de los pobladores
boyacenses y de los participantes del Paro Agrario. Y ha cometido ataques
múltiples a la Dignidad Humana, La vida, integridad personal, y en general las
libertades civiles y políticas de la población, con los que ha ocasionado:
- Heridas con con arma de fuego, con arma blanca y
elementos contundentes como palos, piedras, patadas, puñetazos. Abuso sexual
contra jóvenes (hombres y mujeres). Amenazas de agredir sexualmente a las
mujeres, esposas e hijas de los campesinos. Actos de tortura y otros malos
tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en sitios
cerrados, incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6 años.
Ataques contra jóvenes y menores de edad en condiciones de indefensión, pues se
efectúan por fuera de las manifestaciones y en lugares solitarios. Saqueo y
ocupación de casas, negocios y bienes protegidos por el DIH, como la
Institución Educativa Panamericano, Escuela Nueva Sede Bolivariana y la Escuela
Paloblanco, ubicadas en Puente Boyacá, El uso de ambulancias para el
transportes de miembros del ESMAD, lo cual constituye igualmente una violación
al DIH, el uso irregular de emblemas humanitarios y un grave ataque a la Misión
Médica”.
El Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos iniciará denuncias penales contra el ESMAD
y el Gobierno nacional por estos crímenes de Estado.
Esta situación es de conocimiento público. El
Gobierno colombiano vulnera la ley y los derechos de los pueblos. Declara
guerra interna contra los manifestantes en ésta jornada de exigibilidad de
derechos. Las instituciones e instrumentos de gobierno, junto a los grandes
medios de comunicación, han sido sistemáticos en la criminalización de esta
protesta social señalándola de ser direccionada por las fuerzas insurgentes
(ELN y las FARC) poniendo en riesgo la vida de los manifestantes y de los
dirigentes sociales que, tras estos señalamientos, han sido declarados
objetivos militares por el paramilitarismo.
Así las cosas, todas estas violaciones, son
responsabilidad del Presidente y los ministros quienes, sin decretarlo
oficialmente y bajo los conductos que la ley exige, han impuesto un Estados de
excepción en las zonas de mayor movilización social dando con ello un
tratamiento de guerra a la crisis social, y de enemigos internos con tinte de
terroristas a los dirigentes y manifestantes del paro. Con ello el Gobierno
prefiere generar e imponer una acción de guerra contra civiles y perpetuar el
exterminio sistemático de dirigentes campesinos, obreros, estudiantes, mujeres,
indígenas y negros, que un espacio de diálogo y negociar con estos sectores
sociales quienes han conformado una mesa agropecuaria como espacio dinamizador
del paro y de diálogo para llegar a acuerdos que posibiliten superar la crisis
y crear soberanía alimentaria, condiciones dignas de vida y de trabajo,
protección del medio ambiente, seguridad y justicia social.
Desde esta
mesa se acordó una agenda que ya es de conocimiento Gubernamental y en la que
se propone solucionar la crisis agropecuaria, garantizar la protección
ambiental, buscar la disminución en los costos en los insumos agro-químicos,
una regulación y control de la importación de alimentos, regulación y rebaja de
los precios de los combustibles, garantizar el acceso a la tierra con el
reconocimiento de la territorialidad campesina, indígena, Afro, participación
de las comunidades en la política minero-energética, garantías y respeto en el
ejercicio de los derechos civiles y políticos, inversión eficaz y atinente en
salud, educación, vivienda, vías, el cumplimiento de acuerdos anteriores frente
a estos temas firmados entre campesinos y Gobierno. y la aplicación de justicia
frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por la fuerza
pública e incentivada por el gobierno nacional. También se incluye en la agenda
el rechazo a los Tratados de Libre Comercio, la gran minería y la protección a
la pequeña minería, la minería ancestral.
Desde el
Congreso de los Pueblos seguimos defendiendo los derechos civiles y políticos,
seguimos denunciando y movilizándonos en el Paro Agrario y el paro de los
trabajadores de la DRUMMOND. Invitamos a los sectores sociales, las
organizaciones políticas, sociales y obreras que no se han sumado al paro para
que inicien jornadas de movilización y denuncia para fortalecer la mesa de
unidad agropecuaria y ampliar las propuestas que busquen soluciones a la crisis
social, humanitaria, ambiental, laboral, y garanticemos entre todos una
situación de vida digna con justicia social.
Rechazamos y luchamos contra las detenciones arbitrarias, masivas e
ilegales, los montajes judiciales con falsos testigos y falsas pruebas, los
asesinatos y toda la indumentaria de mentiras y señalamientos contra las
organizaciones políticas, sociales, populares y contra el pueblo. Rechazamos el
terror militar y paramilitar con el que se pretende acallar a los pueblos.
Rechazamos el terror jurídico y mediático con el que se nos criminaliza,
judicializa y estigmatiza. Rechazamos el terror económico con todo su asquerosa
locomotora del terrorismo de Estado y sus presupuestos de desarrollo sobre la
sangre de las gentes más humildes y desprotegidas.
Por: Celestino Barrera A
Comunicaciones Congreso de los Pueblos -
www.congresodelospueblos.org
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