Centro Oriente de Colombia, 2 de mayo de 2014.
DENUNCIA
PÚBLICA No: 005
Situación
de derechos humanos del Centro Oriente Colombiano,
En
el marco de la jornada nacional
1 de mayo. Día marcado con casos
de tortura por parte de la Fuerza Pública, respaldados por la inoperancia de
algunos integrantes de la misión médica
y representantes del ministerio público.
La jornada nacional en conmemoración del día internacional del trabajo,
según el análisis de los medios masivos de comunicación transcurrió en completa
calma; sin embargo, casos de tortura estuvieron presentes en el desarrollo de
actividades de movilización pacífica por parte de campesinos del centro
oriente, en los departamentos de Boyacá y Santander.
Al cumplir cinco días de movilización, las organizaciones defensoras de
derechos humanos del Centro Oriente, denunciamos situaciones donde se evidencia
claramente la brutalidad policial, la negligencia de funcionarios del
ministerio público y la infracción del juramento Hipocrático y el código de
ética médica por parte de una
profesional de la salud, además de la violación a la ley 23 de 1981.
Las violaciones a los Derechos Humanos, siguen siendo una práctica
sistemática por parte de funcionarios del estado, hasta tal punto que se
demuestra permisividad por parte de los organismos de control.
HECHOS:
1. Durante el 1 de mayo, comunidades que se encontraban concentradas en
Berlín (Santander) se movilizaron hacia
Pamplona, superando todo tipo de obstaculización y agresiones por parte de la
Policía Nacional, quienes solo les permitieron llegar hasta un sitio cerca de
esta ciudad. El My. ROMÁN ROMEROLES de la Policía Nacional y sus hombres les
impidieron seguir, aludiendo que cumplían órdenes del alcalde de Pamplona Norte
de Santander, señor Carlos Bustos.
A pesar que se hizo interlocución a través del defensor del pueblo de
Norte de Santander, no fue posible lograr que la policía dejara pasar a los
campesinos hasta la ciudad de Pamplona, solo hasta las 8:00 a.m del día 2 de
mayo, les permitieron movilizarse en buses con la condición de ser escoltados
por la Policía nacional, hasta el sitio La Legía. Esta condición muestra una
clara infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario, ya que
este tipo de acciones desarrolladas por la fuerza pública pone en riesgo la
vida e integridad de la población civil en medio del conflicto armado. Esta comunidad se alojó en una finca con la
debida autorización de su propietario, sin embargo la policía nacional al mando
del Coronel FABIO CRISTANCHO, ha continuado las agresiones contra los
campesinos.
El día 2 de mayo, a las 5:00 p.m., fue detenido por la Policía, el propietario de la finca MAURICIO
VILLAMIZAR, a quien se le pretende obligar mediante presiones para que permita
el desalojo de las comunidades.
De la misma manera, el menor de edad SERGIO ANDRÉS MOLINA de 17 años, familiar del dueño y residente de
la finca, fue detenido por miembros de la policía cuando éste se dirigía a la
tienda a comprar unos elementos para la casa. Durante su detención se le indagó
sobre su ocupación y sobre las personas movilizadas.
Cuando los defensores de Derechos Humanos, JORGE FLORES, abogado del
Equipo de Derechos Humanos Pueblos y los
jóvenes ERICCKSON FERNEY RÍOS y YULIANA VILLAMIZAR, miembros de la seccional de
la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en Santander y la Asociación
Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia, ANJECO, se acercaron para
averiguar sobre los motivos de la detención del menor de edad, les fueron
requeridos sus documentos de identidad, y de manera violenta le arrebataron el
denuncio de pérdida de documento de identidad de la defensora en mención,
documento que no fue entregado por los policías.
2. El día 1 de mayo de 2014, en horas de la noche, en la ciudad de
Tunja (Boyacá) se llevó a cabo un cacerolazo con motivo de la conmemoración del
día internacional del trabajo y en solidaridad con las comunidades campesinas
movilizadas en el marco del paro campesino, étnico y popular. Siendo las 9:20
pm, frente al centro comercial La Sexta; luego de terminarse la actividad,
miembros de la Policía Nacional detuvieron a varios estudiantes de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuando iban hacia sus lugares
de residencia.
Los detenidos corresponden a los nombres de: EDWIN ARIAS CC No:
1054681337, HENRRY GARCIA SALAZAR CC No: 1031145721, ANDRES CELY, ANGIE NIETO,
JOHANA MORENO y el menor CRISTIAN ANDRES
SÁNCHEZ. Una vez detenidos fueron trasladados
al comando de Policía y posteriormente a la Unidad de Reacción Inmediata
URI.
El joven HENRRY GARCIA SALAZAR, denuncio que él, EDWIN y CRISTIAN, por
usar el cabello largo, al momento de ser bajados del vehículo, fueron halados
del cabello y arrastrados , además fueron golpeados fuertemente a patadas y
bolillo; posteriormente les aplicaron gas pimienta en los rostros. La madre de
una de las victimas al darse cuenta intervino, exigiéndole a los uniformados
que dejaran de torturarlo. Siendo aproximadamente las 11:20 pm fueron dejados
en libertad en la URI.
Tan pronto fueron liberados, HENRRY GARCIA SALAZAR se trasladó de manera inmediata al hospital
de Tunja, para que le practicaran una valoración médica; estando allí, fue
retenido nuevamente por la policía Nacional y llevado por segunda vez a la URI.
El suceso ocurrió, a las 11:50 pm.
3. El día 1 de mayo de 2014,
siendo las 11:30 am, se encontraba un
grupo de aproximadamente cuatrocientos campesinos, ubicados con el permiso de
su propietario en predios privados correspondientes al restaurante El Copey,
ubicado a unos siete kilómetros del casco urbano de San Gil , por la vía que
conduce de esta ciudad al municipio de Pínchate (Santander).
Cuando una gran parte del grupo se disponía a recibir los alimentos,
fueron atacados de manera sorpresiva por un grupo de aproximadamente cien
integrantes del Escuadrón Móvil
Antidisturbios ESMAD, al mando del Mayor JORGE QUITIAN de la Policía
Nacional, quienes lanzaron gases y balas de goma a corta distancia, de los
movilizados, lesionando a varias personas y detuvieron a nueve personas. El ataque por parte de los efectivos se
extendió por dos horas y media. En el lugar se encontraba el defensor del
pueblo, quien fue testigo de los abusos y extralimitación de la fuerza, por parte
de los uniformados.
El campesino JUAN BAUTISTA ALONSO RAMIREZ, sufrió serias dolencias al
recibir en el cuello varios disparos de artefactos por parte del ESMAD, razón
por la cual tomo la decisión de dirigirse hasta el hospital de San Gil, con el
objetivo de ser evaluado clínicamente. Siendo las 7:00 pm, llego al centro
hospitalario e ingreso a consulta por urgencia, siendo atendido por una médica,
que le pregunto si él hacía parte de los campesinos movilizados, a lo que el
señor JUAN BAUTISTA respondió afirmativamente. De acuerdo a la informado por la
víctima, pudo observar que la
profesional, tomo un teléfono celular generando una comunicación telefónica, al
poco tiempo hizo presencia en el lugar dos agentes de Policía que se
movilizaron en una motocicleta; dirigiéndose a él y sometiéndolo a un
interrogatorio, posteriormente le
permitieron irse del lugar sin recibir atención médica.
4. El día 2 de mayo 2014, en la vereda Capilla, municipio de Tutazá
(Boyacá), siendo las 8 a.m. el Alcalde del municipio de El Cocuy, ALEJANDRO
MUÑOZ SANDOVAL, se dirigió hasta el lugar de concentración de las comunidades
pacíficamente movilizadas, desde allí, llamó al Coronel de la Policía Nacional,
diciéndole que “el paro estaba obstaculizando las vías con palos, piedras,
quema de llantas, etc.”. Por lo anterior las comunidades aclaran que la
movilización de este sector ha participado pacíficamente del Plantón.
5. El día 2 de mayo de 2014, un Coronel de la policía nacional de
Duitama (Boyacá) envió 40 uniformados a la vereda Caracoles, jurisdicción del
municipio de Belén (Boyacá), para reprimir la protesta. Desde las 9 a.m., la policía mantiene rodeados a los
manifestantes al punto que no los dejan movilizarse.
EXIGIMOS:
Al Estado colombiano respetar y garantizar los derechos de las
comunidades movilizadas y abrir los escenarios para la interlocución y análisis
del Pliego Único, además cumplir los compromisos con ellos pactados; A los
órganos de justicia y control, investigar los casos aquí denunciados con el
ánimo de castigar ejemplarmente a los responsables y evitar que estos hechos
que vulneran gravemente los derechos fundamentales, se sigan presentando.
Se garantice la vida, integridad y libertad de las personas
movilizadas, y de manera especial a los dirigentes sociales y defensores de
derechos humanos que han sido amenazados y estigmatizados por la fuerza
pública.
RESPONSABILIZAMOS:
Al Estado colombiano y sus instituciones por las violaciones a los
derechos humanos presentados contra las comunidades movilizadas y sus
dirigentes.
Llamamos:
A la comunidad internacional, a organizaciones defensoras de Derechos
Humanos, a estar atenta durante y después de la jornada y en general a hacer
seguimiento a la grave crisis social y humanitaria que vive el país, exigiendo
al ministerio publico intervenir de manera efectiva ante estas flagrantes
violaciones.
COORDINADORA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
CORPORACION SOCIAL PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION COMUNITARIA –COSPACC
COORPORACIÓN CHOAPO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS
Fundación de DD.HH. Joel Sierra.
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